La Cecot demanda al Gobierno por su decisión de no devolver a los consumidores de gas el reintegro del sobrecoste de CASTOR

• El Gobierno únicamente reconoce el reintegro de 34,5M de euros a Enagás que, en lugar de devolverlos a los consumidores de gas del periodo afectado, ha decidido invertir en otras infraestructuras.
• Abad: “la base de las impugnaciones que decidimos presentar hace cinco años por CASTOR es el retorno de un dinero que un día el Estado decidió que tenían que soportar los consumidores de gas pese a provenir de una gestión incorrecta de la administración. Tenemos que empezar a ser corresponsables y a reaccionar desde la sociedad civil porque hay decisiones que no pueden tomar unilateralmente desde los gobiernos”.
• “La demanda que plantea la Cecot no tiene más motivo que el de reclamar al Gobierno la devolución de las cantidades que marcan las sentencias, a los consumidores afectados entre 2014 y 2018, y  dar un toque de atención a los gobiernos para decirles que no pueden gestionar y decidir de cualquier manera y a cualquier precio”.  

A pesar de haber ganado la cuarta sentencia favorable en relación con los gastos de mantenimiento del almacén CASTOR, la Cecot expresa su indignación con el Gobierno del Estado, quien admite haber reintegrado cerca de 34,5M de euros, soportados entre el 2014 y el 2018 por los consumidores de gas, en concepto de mantenimiento de las instalaciones gasistas CASTOR, y quien afirma haberlos destinado a mejorar otras infraestructuras gasistas mediante la entidad estatal Enagás.

En opinión de la patronal catalana, “esta decisión, además de injusta, no obedece ni a los fundamentos de nuestra demanda, ni al mandato judicial de la sentencia del Tribunal Superior que no es ni más, ni menos, que el de devolver a los consumidores de gas todo el sobre coste que tuvieron que soportar entre los años 2014 y 2018 por una incorrecta gestión del Estado”, afirma Antoni Abad, presidente de la Cecot, “los consumidores más intensivos de gas son empresas y les están diciendo que aquel dinero de más que pagaron por una infraestructura fallida, que no mejoró el servicio que recibieron durante aquel periodo, ahora en vez de devolvérselo lo utilizarán para otras finalidades que desconocemos las que son, y de las que no sabemos si se podrán beneficiar”.

Por todo esto la patronal catalana interpone un nuevo recurso contra el Gobierno para demandar el retorno de los 34,5M de euros a los perjudicados directos del caso CASTOR, los ciudadanos y las empresas consumidores de gas.

En una respuesta escrita al grupo parlamentario de ERC en el mes de febrero, el Gobierno afirma que la CNMC exigió el mes de julio de 2019 el reintegro al sistema gasista de las cuantías abonadas y que cuantificó de 209.721.751 euros de Escal, 34.553.812 euros de Enagás y 141.163.269 euros a entidades financieras. Pero no explicita que se haya llevado a cabo el reintegro al sistema gasista de los 4,5M de euros pagados a la empresa Escal UGS en 2016, o los 141.163.269 euros cobrados por las entidades financieras.

Antecedentes

La Cecot, junto otras organizaciones empresariales como el Consejo Intertextil Español y el Centre Metal·lúrgic, con el apoyo de FEPIME, inició en 2015 un plan de acción destinado a evitar que los consumidores de gas, y especialmente las empresas del sector industrial, tuvieran que asumir el coste de la compensación a la empresa constructora y concesionaria del almacén gasista CASTOR que no se llegó a poner en funcionamiento. La cuantía de la compensación prevista era de 1.350M de euros que los consumidores de gas tenían que pagar en su factura de gas en los 30 años posteriores, fruto de lo que la Cecot consideraba una mala gestión del Estado.

A finales de abril del 2015 la Eurocámara instó a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones que tomaran medidas con la finalidad de evitar que los ciudadanos españoles tuvieran que abonar los 1.350M de euros en compensaciones para un proyecto precedido “de una evaluación desastrosa”. En 2017 el Tribunal Constitucional avaló la decisión de la Eurocámara, hecho que constituyó un suporte a las demandas de impugnación de las distintas Órdenes Ministeriales publicadas a partir del Real decreto Ley 13/2014 por parte de la Cecot en el Tribunal Supremo.

Acciones judiciales de la Cecot contra las órdenes ministeriales del Real decreto ley 13/2014

La Cecot impugnó las Órdenes Ministeriales para los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 aprobadas en el desarrollo del Real decreto ley 13/2014 donde se preveía, por vía de los peajes del sistema gasista, recaudar las cuantías necesarias para los costes de conservación y mantenimiento de las instalaciones del CASTOR, así como para sufragar parte de los 1.350M de euros.

El Tribunal Supremo ha dado la razón a la totalidad de las cuatro impugnaciones de las Órdenes Ministeriales relativas a los costes de las instalaciones del almacén CASTOR, todas con un veredicto positivo para la Cecot.

La diferencia de la decisión de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo para la segunda sentencia, en relación con la primera, fue que se obligaba al Gobierno de España a reintegrar al sistema gasista no solo la cuantía relativa al importe del mantenimiento y operatividad de Enagás Transporte SAU de 2016 (15,7M €), sino que además el Supremo obligaba también a devolver la primera cuota anual (80.6M €) de retorno del crédito de 1.350M € que el anterior Gobierno central autorizó a pagar a la ex concesionaria Escal UGS, y el importe en concepto de costes de mantenimiento por parte de Escal UGS (4,5M €) entre el 3 de octubre y el 30 de noviembre de 2014.

La tercera y la cuarta sentencias ganadas por la Cecot, continúan obligando al Gobierno a devolver al sistema gasista la cuantía relativa al importe del mantenimiento y operatividad de Enagás Transporte SAU, así como a devolver la segunda (80.6M €) y la tercera (80.6M €) cuota anual de los 1.350M de euros.

Las cuatro sentencias favorables a la Cecot suponen el retorno de las cuantías siguientes por el concepto de provisionales de operatividad y mantenimiento:  

• 2014 (desde el 1 de diciembre): 1.592.873 euros (Orden IET/2445/2014) y -99.154 euros (Orden de 22 de noviembre de 2016).
• 2015: 15.718.229 euros (Orden IET/2445/2014).
• 2016: 15.718.229 euros (Orden IET/2736/2015).
• 2017: 15.718.229 euros (Orden ETU/1977/2016) (no abonados).
• 2018: 15.718.229 euros (Orden ETU/1283/2017) (no abonados).

“Consideramos en su día que el almacén CASTOR constituía una inversión fallida, en la cual prevaleció la construcción de la infraestructura por encima de su viabilidad, y no estamos de acuerdo que los usuarios del gas tengan que asumir el coste cuando ni siquiera se llegó a poner en marcha”, mantiene Antoni Abad, “la industria supone más del 60% del consumo del gas en todo el estado español y el incremento de costes en los procesos productivos afecta directamente a su competitividad sin obtener a cambio ninguna mejora en el servicio de suministro de gas”.

Según el estudio “Panorámica Industrial” del INE, el gas constituye el 28% del consumo energético en la industria extractiva y manufacturera española, destacando la industria química donde el consumo de gas llega al 43% del total de consumo energético que utiliza este tipo de industria. Hay sectores en los cuales el peso de la industria es estratégico para poder continuar la actividad. La resolución de indemnizar CASTOR en su momento fue totalmente incoherente con el discurso del Gobierno sobre la necesidad de reindustrializar el país, de hacer un plan estratégico para consolidar un modelo industrial. El sector industrial es quien mejor garantiza la estabilidad laboral y la ocupación en los territorios, que es un sector estratégico por su contribución no solo en ocupación directa, sino también en lo relacionado con toda la industria auxiliar y de servicios que se genera a su alrededor. El uso y consumo de gas en muchas empresas de diferentes sectores productivos representa continuar la actividad o dejar de hacerlo. El coste de CASTOR perjudica la actividad de estos sectores, teniendo en cuenta que España ya es de los países de la Unión Europea con la energía más cara y no precisamente por el coste de la generación.