La Cecot insta al Gobierno a pedir al BCE la máxima colaboración para atender las necesidades de liquidez de los mercados y de las empresas

• La patronal considera que la medida financera de mayor impacto a corto plazo consiste en que las empresas y autónomos obtuvieran una moratoria en el retorno del capital de los créditos manteniendo el pago de intereses y bajo un marco autorizado por las autoridades bancarias.
  • La Cecot considera que las medidas financieras previstas en el RD 7/2020 no solucionarán el problema de liquidez porque si el Banco Central Europeu no cambia los requisitos a la banca europea, los criterios de los departamentos de riesgo seguirán siendo los mismos que antes de la declaración de pandèmia e impediran y ralentizarán la concesión de créditos y avales necesarios que soliciten las empresas.

Con el RD 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 ya analizado, y viendo las primeras reacciones de las autoridades laborales y de las empresas, la patronal Cecot reclama en el Gobierno central que las empresas puedan presentar los expedientes de regulación temporal de ocupación por el supuesto de fuerza mayor como modelo más ajustado a la realidad; la práctica totalidad de las suspensiones previstas son debidas, directa o indirectamente, por el COVID-19. La casuística prevista en el texto actual puede ser interpretada de forma restrictiva y limita la viabilidad de muchas empresas por los sobrecostes y el tiempo que supone. Es imperativo salvar las empresas y los puestos de trabajo que las integran.

La patronal también considera, fruto del análisis del RD 8/2020 que ha realizado su Comité Ejecutivo, que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que impulsar y reforzar la liquidez en el sistema económico utilizando la política fiscal que tiene a su alcance y que podría tener un impacto inmediato en dos sentidos:

En primer lugar posponiendo hasta finales de año los pago de todos los impuestos y la suspensión de tener que hacer las autoliquidaciones y declaraciones fiscales (o al menos su ingreso). Y en segundo lugar devolviendo los impuestos que el Estado ha ingresado en los últimos seis meses teniéndose que devolver durante los siguientes dieciocho meses.

En relación a las medidas financieras previstas, todavía no desarrolladas por el Real Decreto, la Cecot cree que no solucionarán el problema de liquidez puesto que cuando las empresas pidan en los bancos los créditos y avales necesarios, si el Banco Central Europeo no cambia los requisitos a la banca europea, los criterios de los departamentos de riesgos seguirán siendo los mismos que antes de la declaración de pandemia del COVID-19 y, por lo tanto, será muy difícil para muchas empresas que sus demandas de financiación les sean aprobadas. Habría que relajar, y mucho, los parámetros de riesgo y agilizar su concesión. Con un aspecto importante a tener en cuenta: la mayoría de empresas no se quiere endeudar más.

“El Gobierno estatal tiene una gran oportunidad de utilizar la política fiscal para complementar las medidas financieras previstas y pedir al BCE la máxima colaboración para, mediante una estrategia combinada, atender las necesidades de liquidez de los mercados y de las empresas”, afirma Antoni Abad, presidente de la Cecot.

La propuesta de decretar una moratoria en la devolución del capital de los préstamos, mientras se sigue pagando intereses, permite preservar la tesorería de las empresas y no representa ningún impacto en la cuenta de resultados de los bancos porque no altera sus ingresos. No obstante esta medida topa con la normativa de provisiones del BCE. Pasados 90 días del impago, todos los préstamos entran en mora y en este momento los sistemas informáticos realizan una provisión, el importe de la cual depende de la tipología del préstamo y otros factores.

Evidentemente la contabilización de provisiones tiene un efecto disuasivo por parte de los bancos de cara a aceptar esta medida de buen grado.

Un factor para conseguir la connivencia de los bancos sería que, por parte de las autoridades bancarias, se decretara la posibilidad de no tener que aprovisionar los préstamos impagados durante los meses de moratoria. No es un tema fácil. En teoría los bancos centrales y también el BCE no dependen jerárquicamente de los gobiernos en cumplimiento de sus estatutos de independencia. Por otro lado, el argumento de los funcionarios de los bancos centrales siempre será que justamente en momento de crisis o pre-crisis es cuando hay que tener más localizado el impacto que puede tener en la cuenta de los bancos la morosidad de los clientes.

“La excepcionalidad de medidas que están tomando los gobiernos de las grandes economías europeas y mundiales invita a contar con el BCE para considerar esta propuesta con carácter de urgencia porque iría a favor de la continuidad empresarial, del bien común social y aportaría confianza a la vez que reduciría riesgos”, concluye Abad. Medida a aplicar para un periodo no inferior a 6 meses. Esta medida proporcionaría oxígeno a las tesorerías de las empresas y autónomos y es compatible con el funcionamiento de la banca, solo le hace falta el visto bueno del BCE.

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