La Cecot denuncia que la Ley de Empleo aprobada hoy en el Congreso convierte los fondos de formación en un impuesto al trabajo
- Martínez: “acaban de convertir los fondos para la formación en un impuesto al trabajo porque le han sustraído la condición de contribuidora”.
- “Los agentes sociales venimos denunciando reiteradamente el uso indebido que han hecho los diferentes Gobiernos con relación a los fondos de formación que, recordamos, generan las empresas (0,6%) y las personas trabajadoras (0,1%). No es un ingreso de libre disposición para la administración puesto que se trata de fondos finalistas que tienen que destinarse íntegramente a la capacitación y especialización de personas trabajadoras”.
- La Cecot considera que los aproximadamente 900M de euros de remanente de los fondos de formación que cada año quedan sin asignar, explicitan una gestión ineficiente y una prestación de servicio por parte del hasta ahora denominado SEPE, totalmente obsoleta y alejada de la realidad empresarial.
Hoy, el Congreso de los Diputados ha aprobado todas las enmiendas del Senado introducidas en la Ley de Empleo, y en el articulado de la ley se contempla el artículo 65 mediante el cual el Ministerio de Trabajo, a partir de su publicación en el BOE, podrá derivar el remanente de los fondos de formación destinados a la formación de las personas trabajadoras para otras finalidades.
“Ya estamos otra vez a vueltas con el tema”, se expresa Eulàlia Martínez Puig, directora de Cecot Formación y Desarrollo, “los agentes sociales hemos denunciado recurrentemente, desde hace más de una década, el uso indebido de los fondos para la formación por parte de diferentes Gobiernos”. La transformación digital y la incorporación de las nuevas tecnologías impactan directamente sobre los modelos económicos y los procesos productivos. Esta irrupción comporta la necesidad de especialización, formación y reciclaje continuo en las plantillas. La OCDE alertaba en 2018 del impacto de las nuevas tecnologías en la destrucción y en la generación de nuevos puestos de trabajo y afirmaba que la respuesta para hacer frente estaría en manos de los territorios que priorizaran la formación y la educación. “Es por este motivo que no entendemos la actitud de los Gobiernos de los últimos años que parecen ir en el sentido contrario a todas las recomendaciones a nivel internacional y que, a la vez, impacta negativamente en la competitividad empresarial, dificultando la formación continua y la calificación de las plantillas”, dice Martínez.
Desde la Cecot se recuerda que la aportación de empresas y trabajadores a los fondos de formación fue un acuerdo resuelto entre patronales, sindicatos y dónde también participó el Gobierno por entender que la formación de los trabajadores durante la vida laboral es un elemento de competitividad y de mejora de nuestro mercado de trabajo. “Pero no es un impuesto”, recuerda la directora de Cecot Formación, “el hecho que esta aportación de empresas y trabajadores se haga por la vía de la Tesorería de la Seguridad Social es porque es un buen instrumento de gestión para la recaudación de los fondos. Pero hay que recordar que no es un ingreso de libre disposición para la administración puesto que se trata de fondos finalistas”.
Aunque pueda parecer obvio, las organizaciones empresariales insisten en recordar sistemáticamente al Gobierno que los fondos recaudados para la formación profesional ya sean para Régimen General como para Régimen Especial de Trabajadores Autónomos tienen que dedicarse íntegramente a la formación profesional. Son fondos finalistas. La cotización para la formación profesional no es un tributo como tal en la Ley General Tributaria, ni un ingreso de las administraciones o sus organismos autónomos proclives a sufragar sus gastos de manera general. La cuota de formación profesional es una cotización vinculada a la relación laboral y el hecho que una vez recaudada se ponga a disposición del Servicio Público de Ocupación Estatal para que este gestione y lo aplique para dar cuenta a las finalidades para las cuales se cobra, no quiere decir que constituya un ingreso desafectado aplicable a cualquier otra cosa, ni a cubrir gastos generales de este organismo.
Durante años el Gobierno gestionó los fondos derivándolos, de manera incorrecta y fraudulenta, a otras causas provocando un déficit en la formación de profesionales de aproximadamente 4.000M de euros entre 2012 y 2015, incrementado posteriormente con remanentes no ejecutados de años posteriores. En este sentido tanto las organizaciones empresariales como las sindicales confirmaron ya en 2018 el fracaso de la Ley 30/2015 que regula el Sistema de Formación Profesional para la Ocupación.
Desde la Cecot se ha manifestado reiteradamente, que el remanente de los fondos de formación que cada año quedan sin asignar, explicita una gestión ineficiente y una prestación de servicio por parte del hasta ahora denominado SEPE, totalmente obsoleta y alejada de la realidad empresarial. “Nos hace falta un sistema ágil y flexible que haga que las empresas puedan hacer la formación en el momento que la necesitan, y no estar pendientes de convocatorias, condiciones y plazos inalcanzables que impone la Administración”, concluye Eulàlia Martínez.
Por su parte, los autónomos catalanes (Autcat), también han denunciado a los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social la total incoherencia en el hecho de tener que cotizar obligatoriamente por la formación profesional y a su vez, darse la circunstancia que a los autónomos y autónomas no se les contemple el derecho a recibir esta formación para la cual están cotizando. La realidad es incontestable: el deber de cotizar obligatoriamente para la formación profesional no se corresponde con el derecho a recibirla por una falta de previsión reglamentaria para el desarrollo de las acciones formativas. Se incumple, pues, el principio de reciprocidad que supone el seguro obligatorio de la formación profesional de los trabajadores autónomos.