Organizaciones empresariales presentan en Bruselas una denuncia por Ayudas de Estado en la estructura tarifaria de peajes eléctricos
Con el acuerdo alcanzado a principios de año entre el PP y el PNV, que incluye un cambio de tarifa energética en las líneas de distribución de tensión entre 30 y 36 kV, se agrava aún más la desigualdad.
El resultado de esta decisión política es una estructura tarifaria de peajes que lejos de beneficiar por igual a las 5.800 empresas afectadas, sólo tendrá incidencia en 1.250 de ellas, en su mayoría ubicadas en el País Vasco y Andalucía. En precios del 2016, el beneficio consta de una reducción del 43% del coste del MWh para estas empresas.
Las organizaciones empresariales consideran que la decisión es únicamente de carácter político, que afecta a la competitividad de las empresas y atenta directamente contra la unidad de mercado, tan reclamada por parte de las fuerzas políticas en el Congreso.
Las organizaciones empresariales AEPCRO-Associació d’Empreses i Propietaris de Can Roqueta, Cecot, CEDAC-Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya, Centre Metal·lúrgic, Confederació Catalana de la Fusta, Federació Empresarial del Metall, Gremi de Tallers de Reparació i Venda d’Automòbils i Recanvis de Sabadell i Província de Barcelona, l’Institut Industrial Tèxtil, RETAILcat-Unió d’empreses del Retail a Catalunya y la Unió Empresarial Metal·lúgica, han interpuesto de forma conjunta una denuncia por Ayudas de Estado, a instancias europeas, en relación a la actuación del Gobierno de España en la estructura tarifaria de peajes de acceso a las redes eléctricas.
Las entidades denunciantes son asociaciones empresariales que aglutinan y representan los intereses de más de 50.000 empresas, de las cuales 500 son industrias usuarias de los servicios de electricidad afectados por la medida que impugna la misma denuncia, de los sectores textil, metal, químico, madera y distribución. En dichas empresas el consumo energético y, en especial, el de electricidad tienen una importancia estratégica ya que supone una parte relevante de los costes industriales y por tanto de los gastos de explotación.
Desde hace años existe una discriminación territorial en cuanto a los costes de electricidad que las empresas españolas deben soportar en su actividad industrial, debido fundamentalmente a la estructura tarifaria de los peajes de acceso a la red eléctrica. Esta es una discriminación que el sector empresarial ya ha denunciado reiteradamente sin que se haya implementado ninguna medida correctora por parte de los distintos Gobiernos; es más, no sólo no se ha procurado corregir esta desigualdad sino que ahora se pretende una nueva reforma que, lejos de igualar las condiciones en que las empresas tienen de competir, agrava aún más esa desigualdad existente.
Nos referimos a la reforma de la estructura tarifaria de peajes de acceso a las redes eléctricas, supresión de la tarifa 6.1B para englobar las tensiones de 30 a 36kV a la tarifa 6.2, contenida en el acuerdo de 36 puntos firmado entre el Partido Popular (PP) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para la aprobación de los presupuestos del Estado 2017.
La situación actual, agravada con dicha reforma, comporta una notable disminución del coste de adquisición de la electricidad para empresas ubicadas en determinadas regiones del Estado español y, por consiguiente, los efectos de la medida son, a criterio de las organizaciones empresariales,
Antecedentes
En el año 2013, con la ley 24/2013, la estructura tarifaria de peajes estaba definida en dos tramos: una correspondiente a la banda de tensión entre 1kV-36cV y otra 36kV-72,5kV con los mismos peajes para todas las empresas conectadas a cada una de las bandas.
Con el Real Decreto 1054/2014 se creó un nuevo rango tarifario para tensiones de entre 30kV i 36kV, lo que implicó ya en su día una rebaja del 16% para las industrias que estaban conectadas en este tramo intermedio de tensión. Esta medida estaba basada en una decisión puramente política porque no existe ningún criterio técnico que avale esta distinción tarifaria entre el acceso en caso de tensiones de entre 1kV a 30kV y las que van de 30kV a 36kV.
Como resultado de esta decisión política tenemos hoy una estructura tarifaria de peajes que beneficia a las empresas conectadas con tensiones de 30kV a 36kV (sobre todo del País Vasco) por encima de otros territorios conectados con tensiones de 1kV a 30kV (como Catalunya, Aragón y Extremadura), sin que haya causa económica ni técnica para ello.
Una Ayuda Estatal Selectiva
Así pues, se produce una discriminación entre las empresas según cual sea la tensión de acceso, y esta discriminación es por territorios. La discriminación tarifaria favorece a empresas acogidas a la tarifa 6.1B con suministro eléctrico superior a 30 kV e inferior a 36kV, creando una mayor diferencia con los suministros contratados a la tarifa 6.1A con tensión de suministro inferior a 30 kV y potencia contratada mayor de 450 kV.
Las empresas no tienen la posibilidad de escoger la tarifa, ya que ello depende de la tensión de la red de distribución que haya instalada en la zona donde se ubican. La decisión sobre el tipo de red de cada zona la adoptó la empresa eléctrica que operaba en la zona y que fue la responsable de construir esta infraestructura. Así pues, en España conviven diversos tipos de red según la parte del territorio.
La plataforma kV25/30 cifra en 5.800 empresas las que actualmente están sometidas a las tarifas 6.1A y 6.1B. El cambio a la tarifa más reducida 6.2 beneficiará tan solo a 1.250 empresas, situadas en 6 de las 17 comunidades autónomas españolas: 790 empresas en el País Vasco, 42 empresas en Navarra, 17 empresas en Cantabria, 11 empresas en Asturias, 33 en Castilla y León y, finalmente 357 empresas en Andalucía, quienes obtienen una ventaja económica consistente en la reducción del coste del suministro eléctrico. Si partimos de los precios de electricidad registrados en 2016, las empresas beneficiadas reducirían aún más el coste del MWh en un 43%. Según informaciones proporcionadas por los propios medios de comunicación, la medida puede suponer un ahorro económico de 50 millones de euros anuales a las empresas del País Vasco.
De las 4.450 empresas que no pueden beneficiarse de la tarifa 6.2, hay 3.277 compañías que están ubicadas en Cataluña, el resto están en Aragón y Extremadura.
Una denuncia por Ayudas de Estado
Con la denuncia, presentada a la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea, las entidades empresariales no sólo someten a su consideración la actuación del Gobierno de España en relación a la estructura tarifaria de peajes de acceso a las redes eléctricas, sino que además consideran que su actuación contraviene la normativa comunitaria y constituye una ayuda de Estado ilegal según el artículo 107 del Tratado Fundacional de la Unión Europea.
La encargada de coordinar el equipo jurídico que ha elaborado y tramitado la denuncia, es la misma abogada que gestionó la denuncia por Ayudas de Estado también en Bruselas sobre el CASTOR, la abogada Asun Cirera.
Cirera está convencida que la denuncia cumple con los cinco preceptos necesarios para que la CE la acepte y plantee una investigación al respeto: tiene que tener origen de Estado; tiene que constituir una ventaja; tiene que ser selectiva; tiene que afectar a la competencia y a los intercambios entre Estados Miembros y, finalmente, la medida no tiene que ser compatible con el Mercado Único.