La Cecot solicita a la CNMC, al Gobierno de España y a los partidos del Congreso resolver definitivamente la pérdida de competitividad de las más de 4.500 industrias en España por sobrecostes eléctricos en Alta Tensión

• Josep Casas: “Hace aproximadamente 10 años que diferentes entidades impulsamos la Plataforma kV25/30 para conseguir corregir las incoherencias, arbitrariedades y discriminaciones que en aquel momento se daban en la regulación de las tarifas de acceso a la red eléctrica y que afectaba a 5.800 industrias en España, la mayoría de ellas ubicadas en Cataluña, seguidas por Andalucía y País Vasco con uno sobrecoste de más de 350M de euros al año”.  

• En 2017, un pacto entre el presidente Mariano Rajoy y el presidente de EBB, Andoni Ortuzar por los PGE generó un nuevo tramo en la tarifa eléctrica que benefició a las empresas en 30kV y 36kV, la mayoría de ellas ubicadas en el País Vasco dejando 4.500 industrias con sobre costes derivados de criterios políticos y no imputables a criterios técnicos, ni de eficiencia de la red.

Terrassa, 27 de febrero de 2024. La patronal catalana Cecot formalizó ayer ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la presentación de un documento de alegaciones a la modificación de la circular 3/2020 de 15 de enero sobre la metodología de cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad. El objetivo de este documento ha sido el de denunciar el agravio comparativo por sobrecostes de los peajes eléctricos en Alta Tensión que hace décadas afectan la competitividad de las industrias, especialmente en Cataluña, pero también en otros territorios del estado español como Andalucía, Extremadura, Aragón o Murcia.

“Los sobrecostes, en el caso de las más de 3.200 industrias catalanas afectadas, suponen 200M de euros al año”, concreta el director de la Oficina para la Transición Energética de la Cecot, Josep Casas quien recuerda que “en 2015 ya denunciamos estos sobrecostes mediante la Plataforma kV25/30, junto con entidades del País Vasco y otras organizaciones en Cataluña, unos sobrecostes que no eran, ni continúan siendo imputables a criterios técnicos ni a eficiencia de la red y menguan la competitividad de nuestras industrias”.

La entidad ha solicitado a la CNMC que considere promover los mecanismos que estén en su mano para que las redes eléctricas que hoy en día están dentro de la tarifa 6.1TD pasen lo antes posible a la tarifa 6.2TD, asegurando así que las empresas afectadas puedan competir en el mercado en igualdad de oportunidades.

A la vez, la Cecot se ha dirigido, entre otros cargos del Gobierno de España, a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, así como a los partidos políticos del arco parlamentario representados en el Congreso de los Diputados, para solicitarlos que tengan en cuenta la petición realizada a la CNMC y pongan en marcha, con celeridad, las acciones legislativas que permitan resolver el agravio que están sufriendo las empresas con tarifa 6.1TD. “En el documento que les hemos dirigido ya ponemos por delante que somos conscientes que la aplicación inmediata del cambio que solicitamos tiene un impacto en el volumen de ingresos de la recaudación de las tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución” argumenta Casas, “es por eso que solicitamos al Gobierno, al Congreso y a los partidos políticos representados, que consideren medidas presupuestarias que permitan la viabilidad económica de nuestra petición”.

Antecedentes

Para situar históricamente esta cuestión, decir que fue la patronal vasca junto con la Cecot quienes pusieron en su momento sobre la mesa esta problemática, que en principio afectaba tanto las empresas vascas conectadas en una red de distribución de entre 30 y 35kV de tensión como las empresas catalanas, conectadas en una red de hasta 25kV, por motivos históricos de despliegue de la red de distribución en cada territorio.

La problemática se genera a raíz de que los peajes de acceso en la red de 25kV, y en este momento también los de las redes hasta 35kV, son más caros que los de las redes de 36kV, lo cual representa un sobrecoste energético para las empresas conectadas a la red de 25kV respecto a las que se pueden conectar en una red de 36Kv.

Si consultamos la hemeroteca comprobaremos que el 3 de mayo de 2017 el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y el presidente del EBB del PNB, Andoni Ortuzar, firmaron un pacto por el que el grupo vasco apoyó los Presupuestos Generales del Estado para 2017 a cambio de incluir, entre otros, un cambio de tarifa energética en las líneas de distribución de tensión entre 30kV y 36kV que era la más habitual entre las empresas vascas con tarifa 6.1, creando un nuevo tramo de tarifa denominado en aquel momento 6.1B.

El pacto conseguido dejaba fuera a más de 4.500 empresas en España, más de 3.200 empresas en el caso de Cataluña, con tarifa 6.1A (de menos de 30kV) para las cuales también reivindicábamos un cambio normativo que eliminara la discriminación tarifaria eléctrica que hasta el momento afectaba un total de 5.800 compañías en todo el territorio estatal.

La decisión de no englobar en este acuerdo a las empresas que estaban en redes inferiores a 30kV, suponía en aquel momento un sobrecoste aproximado de 200 millones de euros al año para las 3.200 empresas catalanas sin que este respondiera a criterios técnicos, ni de eficiencia de la red, sino a criterios políticos. Es por eso por lo que el objetivo de la reclamación de la Cecot era promover los cambios reguladores necesarios para que las redes eléctricas con tarifa 6.1A y hasta 25kV también quedaran encuadradas en la tarifa 6.1B derivada del acuerdo PP – PNB en la 6.2.

Hoy en día, con la nueva estructura tarifaria de junio de 2021 y el cambio de nomenclatura de tarifas, la 6.1A es ahora 6.1TD y la 6.2 es ahora la 6.2TD, la situación de agravio se mantiene, el término de potencia del peaje de transporte y distribución es más económico que el de la tarifa 6.1TD. En el caso del término de energía del peaje de transporte y distribución de la 6.2TD es más económica que la 6.1TD. Estas diferencias, como se demuestran el documento de Informe de denuncia kV25 de la Cecot, se mantienen hoy en día todos los periodos.

La situación inicial, agraviada con esta reforma, comporta una notable disminución del coste de adquisición de la electricidad para empresas situadas en determinados territorios del estado español y por consiguiente los efectos de la medida son selectivos territorialmente y pueden constituir una Ayuda de Estado en favor de las empresas beneficiadas que compiten a nivel de todo el territorio comunitario.