La segunda sentencia del Tribunal Supremo favorable a la Cecot en el caso CASTOR eleva a 118M € las retribuciones a devolver

• La Cecot mantiene impugnadas las Órdenes Ministeriales para los ejercicios 2017 y 2018 del Real Decreto-ley 13/2014 y espera que las sentencias, al igual que las referidas a 2015 y 2016, también serán favorables a los consumidores de gas.

• Las sentencias del Tribunal Supremo demandan al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para reintegrar las cantidades abonadas por los consumidores en concepto de peajes y mantenimiento de CASTOR, una instalación gasista que jamás se ha puesto en funcionamiento.

“No ha habido sorpresa con el fallo de esta segunda sentencia”, ha afirmado el presidente de la Cecot, Antoni Abad, “de hecho, después de que el Tribunal Superior nos diera la razón en la primera de las cuatro impugnaciones de las Órdenes Ministeriales relativas al mantenimiento de la plataforma CASTOR, entendemos que el resto tendrán un veredicto positivo para los consumidores de gas. Por el momento, entre la primera sentencia y la segunda, se han anulado 118M € en retribuciones que el Gobierno debe reintegrar a los consumidores de gas”.

La diferencia del fallo de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para esta segunda sentencia, con relación a la primera, es que se obliga al Gobierno a devolver a los consumidores de gas no sólo la cuantía relativa al importe del mantenimiento y operatividad de Enagás Transporte SAU de 2016 (15,7M €), sino que además el Supremo obliga también a devolver la primera cuota anual (80.6M €) de retorno del crédito de 1.350M € que el anterior Gobierno central autorizó a pagar a la exconcesionaria Escal UGS y el importe en concepto de costes de mantenimiento por parte de Escal UGS (4,5M €) entre el 3 de octubre y el 30 de noviembre de 2014.

El Gobierno dispone de dos meses para reintegrar las cuantías a los consumidores de gas y la patronal está a la expectativa que el Gobierno articule el mecanismo de devolución del importe que se ha repercutido en las facturas de gas de los consumidores desde el 2014 por el mantenimiento de una infraestructura que no se ha llegado a poner en funcionamiento, ni ha prestado servicio alguno.

Por su parte, la Cecot ha recibido una notificación del Grupo Parlamentario d’ERC en la que se le informa que dicho grupo ha registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta por escrito dirigida al Gobierno Español para saber cuándo y de qué forma se harán efectivas las devoluciones a los consumidores de gas, a raíz del CASTOR.

La Cecot inició en 2015, junto a otras organizaciones empresariales como el Consejo Intertextil Español y el Centre Metal·lúrgic, con el respaldo de FEPIME, un plan de acción destinado a evitar que los consumidores de gas, y en especial las empresas del sector industrial, tuvieran que asumir el coste de la compensación a la empresa constructora y concesionaria del almacén gasístico CASTOR que no se ha llegado a poner en marcha. La cuantía de la compensación es de 1.350 M de euros que los consumidores de gas están abonando en su factura del gas y que seguirán pagando en los próximos 30 años, fruto de lo que la Cecot considera una mala gestión del Estado.

A finales de abril del 2015 la Eurocámara instó a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones que tomaran medidas con el fin de evitar que los ciudadanos españoles tuvieran que abonar los 1.350M de euros en compensaciones por un proyecto precedido “de una evaluación desastrosa”. En 2017 el TC avaló la decisión de la Eurocámara, hecho que ha que constituido un apoyo a las demandas de impugnación de las distintas Órdenes Ministeriales publicadas a partir del Real Decreto-ley 13/2014 por parte de la Cecot en el Tribunal Constitucional.

“Consideramos que el almacén CASTOR constituye una inversión fallida, en la que prevaleció la construcción de la infraestructura por encima de su viabilidad, y no estamos de acuerdo que los usuarios del gas tengan que asumir el coste cuando ni siquiera se ha llegado a poner en marcha”, reafirma Antoni Abad, presidente de la Cecot,  “la industria supone más del 60% del consumo del gas en todo el estado español y el incremento de costes en los procesos productivos afectará directamente a su competitividad sin obtener a cambio ninguna mejora en el servicio de suministro de gas”.