El Tribunal Supremo da la razón a la patronal Cecot en el caso CASTOR

• En 2015 la patronal inició acciones legales en distintas instancias estatales y junto a otras organizaciones empresariales a instancias europeas con el fin de evitar que los consumidores de gas, particulares y en especial las empresas, tengan que absorber el coste económico de lo que Cecot considera una mala gestión por parte del Gobierno en el caso del almacén gasístico CASTOR.

• La Cecot mantiene impugnadas las Órdenes Ministeriales para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 del Real Decreto-ley 13/2014 y espera que las sentencias también serán favorables a los consumidores de gas a los que el Gobierno debería reintegrar una cuantía aproximada de 200M de euros.

La Cecot celebra el fallo de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por el que se obliga al Gobierno a devolver a los consumidores de gas el importe de 18M de euros por el concepto de mantenimiento, operatividad de Enagás Transporte SAU, con cargo a los ingresos por peajes y cánones del sistema gasista por considerarse inconstitucional algunos de los preceptos del Real Decreto-ley 13/2014. [Se adjunta sentencia]

La organización empresarial catalana inició en 2015, junto a otras organizaciones empresariales catalanas,  un plan de acción destinado a evitar que los consumidores de gas, y en especial las empresas del sector industrial, tuvieran que asumir el coste de la compensación a la empresa constructora y concesionaria del almacén gasístico CASTOR que no se ha llegado a poner en marcha. La cuantía de la compensación es de 1.350 M de euros que los consumidores de gas están abonando en su factura del gas y que seguirán pagando en los próximos 30 años, fruto de lo que la Cecot considera una mala gestión del Estado.

A finales de abril del 2015 la Eurocámara instó a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones que tomaran medidas con el fin de evitar que los ciudadanos españoles tuvieran que abonar los 1.350M de euros en compensaciones por un proyecto precedido “de una evaluación desastrosa”. En 2017 el TC avaló la decisión de la Eurocámara, hecho que ha que constituido un apoyo a las demandas de impugnación de las distintas Órdenes Ministeriales publicadas a partir del Real Decreto-ley 13/2014 por parte de la Cecot en el Tribunal Constitucional.

“Consideramos que el almacén CASTOR constituye una inversión fallida, en la que prevaleció la construcción de la infraestructura por encima de su viabilidad, y no estamos de acuerdo que los usuarios del gas tengan que asumir el coste cuando ni siquiera se ha llegado a poner en marcha”, reafirma Antoni Abad, presidente de la Cecot,  “la industria supone más del 60% del consumo del gas en todo el estado español y el incremento de costes en los procesos productivos afectará directamente a su competitividad sin obtener a cambio ninguna mejora en el servicio de suministro de gas”. 

El Gobierno dispone de dos meses para reintegrar los aproximadamente 18M de euros y la patronal tiene previsto articular un mecanismo de devolución del importe que se ha repercutido en las facturas de gas de los consumidores desde el 2014 por el mantenimiento de una infraestructura que no se ha llegado a poner en funcionamiento, ni ha prestado servicio alguno.

Según el estudio “Panorámica Industrial” del INE, el gas constituye el 28% del consumo energético en la industria extractiva y manufacturera española, destacando la industria química donde el consumo de gas llega al 43% del total de consumo energético que utiliza este tipo de industria. Hay sectores en los que el peso de la industria es estratégico para poder continuar la actividad. La resolución de indemnizar Castor en su día fue totalmente incoherente con el discurso del Gobierno sobre la necesidad de reindustrializar el país, de hacer un plan estratégico para consolidar un modelo industrial.  El sector industrial es quien mejor garantiza la estabilidad laboral y la ocupación en los territorios, que es un sector estratégico por lo que contribuye no sólo en ocupación directa, sino también en lo relacionado con toda la industria auxiliar y de servicios que se genera a su alrededor.  El uso y consumo de gas en muchas empresas de diferentes sectores productivos representa continuar la actividad o dejar de hacerlo. El coste de Castor a partir del 1 de enero de 2016 está perjudicando la continuidad de estos sectores, teniendo en cuenta que España ya es de los países de la Unión Europea con la energía más cara y no precisamente por el coste de la generación.