El Gobierno de España debe rescatar a las empresas o pedir la intervención de Europa para salvar el tejido productivo

• Si el Gobierno actúa de forma decidida y contundente contra el fraude fiscal y la corrupción podría aflorar una parte significativa de los recursos que necesita para paliar los efectos de la crisis económica.

• La Cecot ha elaborado un conjunto de propuestas con la voluntad de ayudar a las administraciones públicas a tomar decisiones que apoyen “de manera efectiva” la reactivación y recuperación de las empresas y de la ocupación.

La Comisión Europea acaba de presentar sus Previsiones Económicas de Primavera y, según sus estimaciones, el panorama que dejará la pandemia es devastador. La caída media del Producto Interior Bruto (PIB) en la zona euro se estima que será del 7,7% durante el 2020 y en España las cosas todavía serán peores, puesto que se prevé que la contracción del PIB sea del -9,4%. Las previsiones de la Comisión Europea sitúan el paro cerca del 20% y la deuda pública en el 116% del PIB. Unos datos macroeconómicos alarmantes para las empresas y la ocupación.

Con estos datos habría que pensar que el gobierno español está haciendo algo para minimizar los efectos de la crisis, pero, después de analizar las medidas tomadas hasta el momento, desde la Cecot podemos afirmar que no. Las decisiones que se han tomado en materia económica, fiscal y laboral son tímidas e insuficientes. Parece que el gobierno no ha tomado consciencia de la magnitud de la crisis o bien que no tiene instrumentos para afrontarla, como consecuencia de las decisiones tomadas durante muchas décadas anteriores y que han favorecido economías extractivas o han practicado un capitalismo de amigos en detrimento de la economía productiva.

Es por eso que la Cecot ha elaborado un conjunto de propuestas que enviará a todas las administraciones públicas con la voluntad de ayudarlas a tomar decisiones que apoyen de manera efectiva a la reactivación y recuperación de las empresas y de la ocupación. La primera medida que plantea la Cecot es que el gobierno español tiene que rescatar el tejido productivo tal como hizo con el sistema financiero a raíz de la pasada crisis. Si la banca es, y nadie lo cuestiona, imprescindible para el sistema económico, las empresas lo son todavía más puesto que sin empresas no hay ni ocupación, ni riqueza, ni prosperidad social. Por eso, la Cecot considera que es un deber moral que el gobierno rescate las empresas, sobre todo las más vulnerables, las pymes y los autónomos, con ayudas a fondo perdido cómo están haciendo países como Alemania lo Reino Unido o los Estados Unidos, entre otros. Y si el gobierno no dispone de los recursos necesarios, es su obligación recurrir al mecanismo de la intervención de la Unión Europea para garantizar que lleguen los recursos, como ya se hizo en el pasado con el sistema financiero.

Pero mientras llegan los recursos, el gobierno español puede hacer cosas que hasta ahora no ha hecho o lo ha hecho de manera parcial e insuficiente. La primera es actuar de forma decidida y contundente contra el fraude fiscal y la corrupción en todos sus ámbitos, empezando por el político. Es necesario endurecer la legislación para obligar a los defraudadores a devolver las cantidades con unos intereses lo suficientemente altos como para disuadir a otros. Se calcula que el año pasado el fraude fiscal en España osciló entre el 6 y el 9 por ciento del PIB, lo cual representa unas magnitudes de fraude entre los 74.685 y los 112.028 millones de euros.

Profundizando en las medidas, la Cecot encuentra urgente el pago a proveedores de todas las facturas que superen los 30 días desde la fecha de emisión, tal como obliga la Ley de morosidad y que permitiría movilizar más de 14.000 millones de euros.

Y desde la perspectiva fiscal, el gobierno de España y también la Generalitat tienen que implantar un sistema de ayudas fiscales, con aplazamientos y reducción del pago de impuestos, y en algunos casos con exoneración de tasas, durante todo el 2020 y parte del 2021, hasta que esté garantizada la recuperación de la actividad económica y de la ocupación. Igualmente, se tiene que comprometer a no crear nuevas figuras fiscales que puedan reducir la competitividad a la establecer gravámenes sobre actividades industriales, los sectores productivos y el consumo. Y, por supuesto, haría falta que el gobierno español reingrese las devoluciones de IVA solicitadas por las empresas desde principios de año hasta el fin del estado de alarma.

En la Cecot preocupa mucho la situación en la que puede quedar la ocupación como consecuencia de la crisis económica. Y por eso apuesta por el mantenimiento de los ERTO durando todo el 2020, simplificando el procedimiento administrativo para que la empresa pueda actuar de manera ágil en función de la recuperación de su actividad. Y es del todo imprescindible apostar por la formación ocupacional con programas de recolocación de las personas que han perdido el trabajo, que incluyan orientación profesional, formación e inserción, según las necesidades del mercado. También considera que todas las administraciones públicas tienen que incentivar el autoempleo, facilitando la consolidación de los trabajadores autónomos y la creación de nuevas empresas, y se tiene que incentivar el mercado de compra-venta de negocios, como el programa Reempresa, una herramienta creada para salvaguardar la continuidad de las empresas. En el apartado de los autónomos, no tiene sentido que tengan que pagar las cuotas más altas de toda la Unión Europea para poder trabajar, más cuando habrá que actuar en dos sentidos y en paralelo: fomentar el autoempleo y luchar contra la economía sumergida.

Pero también es el momento adecuado para revisar la política energética que penaliza las empresas y los consumidores con las tarifas eléctricas más altas de Europa. Es la hora de acelerar la revisión del modelo de los costes del sistema y eliminar conceptos que no son propiamente energéticos y que tendrían que estar financiados por los presupuestos generales del Estado (PGE). Igualmente, se tienen que revisar las tarifas de distribución que discriminan territorios sin ninguna lógica económica. Y también es el momento de impulsar la generación y distribución descentralizada de energía eléctrica y acabar con el modelo de oligopolio dominante en estos momentos, y favorecer el abaratamiento de los costes de producción y su traslado a la factura de los consumidores, creando un modelo más sostenible y justo. La Cecot considera que se tiene que aprovechar el momento y apostar de manera clara y con urgencia por una agenda de descarbonización de la economía en toda Europa como motor de desarrollo económico para frenar y revertir el cambio climático.

La Cecot, como siempre, se reafirma en su voluntad de trabajar conjuntamente y profundizar en el diálogo con los diferentes agentes que intervienen en los procesos productivos, económicos y sanitarios: patronales, sindicados, autoridades sanitarias y las diferentes administraciones públicas. La situación económica y los riesgos sanitarios son tan importantes que las soluciones no vendrán nunca de un único actor. Encaramos dos retos extraordinarios: superar la crisis sanitaria y salir bien de la profunda crisis económica a la cual nos enfrentamos. El éxito será el resultado del diálogo y de consensos amplios.