Publicado el BOE en el que ya no se incluyen cargos por mantenimiento, ni por amortización de la planta gasista CASTOR

• En 2015 la patronal inició acciones legales en distintas instancias estatales y europeas con el fin de evitar que los consumidores de gas, particulares y en especial las empresas, tengan que absorber el coste económico de lo que Cecot considera una mala gestión por parte del Gobierno en el caso del almacén gasístico CASTOR.
• El Tribunal Supremo ha fallado a favor de la Cecot en dos ocasiones obligando al Gobierno a devolver 118M de euros a los consumidores de gas correspondientes a cánones del mantenimiento de las instalaciones gasistas de CASTOR de 2014 y 2015, así como la primera cuota anual (80.6M €) de retorno del crédito de 1.350M € que el anterior Gobierno central autorizó a pagar a la exconcesionaria Escal UGS.

El Boletín Oficial del Estado publicado el pasado viernes 22 de diciembre incluye la Orden TEC/1367/2018, de 20 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2019. El texto de la Orden ya no incluye cargos por mantenimiento de la planta gasista CASTOR y tampoco incluye los cargos por amortización de la planta a los consumidores de gas como sí hacían las anteriores.

La Cecot expresa su satisfacción por ver materializado su objetivo de evitar que los consumidores de gas deban asumir el sobre coste generado por una mala gestión en relación con la infraestructura de CASTOR sin tan siquiera recibir una mejora en el servicio o el suministro de gas.

La Cecot inició en 2015, junto a otras organizaciones empresariales como el Consejo Intertextil Español y el Centre Metal·lúrgic, con el respaldo de FEPIME, un plan de acción destinado a evitar que los consumidores de gas, y en especial las empresas del sector industrial, tuvieran que asumir el coste de la compensación a la empresa constructora y concesionaria del almacén gasístico CASTOR que no se ha llegado a poner en marcha. La cuantía de la compensación es de 1.350 M de euros que los consumidores de gas están abonando en su factura del gas y que seguirán pagando en los próximos 30 años, fruto de lo que la Cecot considera una mala gestión del Estado.

A finales de abril del 2015 la Eurocámara instó a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones que tomaran medidas con el fin de evitar que los ciudadanos españoles tuvieran que abonar los 1.350M de euros en compensaciones por un proyecto precedido “de una evaluación desastrosa”. En 2017 el TC avaló la decisión de la Eurocámara, hecho que ha que constituido un apoyo a las demandas de impugnación de las distintas Órdenes Ministeriales publicadas a partir del Real Decreto-ley 13/2014 por parte de la Cecot en el Tribunal Constitucional.

De hecho, la defensora del pueblo europeo, Emily O'Reilly, ha emitido una resolución este jueves en la que cualifica de mala administración la actuación llevada a cabo por el Banco Europeo de Inversión (BEI) en relación al caso Castor.

Acciones judiciales de la Cecot contra las órdenes ministeriales del Real Decreto-ley 13/2014

La Cecot impugnó las Órdenes Ministeriales para los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 del Real Decreto-ley 13/2014 por el concepto de mantenimiento, operatividad de Enagás Transporte SAU, con cargo a los ingresos por peajes y cánones del sistema gasista por considerarse inconstitucional algunos de los preceptos del Real Decreto-ley 13/2014 con el fin de obtener sentencias favorables a los consumidores de gas a los que el Gobierno debería reintegrar una cuantía aproximada de 200M de euros por todos los ejercicios.

Después de que el Tribunal Superior diera la razón en las dos primeras de las cuatro impugnaciones de las Órdenes Ministeriales relativas al mantenimiento de la plataforma CASTOR, entendemos que el resto tendrán un veredicto positivo para los consumidores de gas. Por el momento, entre la primera sentencia y la segunda, se han anulado 118M € en retribuciones que el Gobierno debe reintegrar a los consumidores de gas.

La diferencia del fallo de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para la segunda sentencia, con relación a la primera, es que se obliga al Gobierno a devolver a los consumidores de gas no sólo la cuantía relativa al importe del mantenimiento y operatividad de Enagás Transporte SAU de 2016 (15,7M €), sino que además el Supremo obliga también a devolver la primera cuota anual (80.6M €) de retorno del crédito de 1.350M € que el anterior Gobierno central autorizó a pagar a la exconcesionaria Escal UGS y el importe en concepto de costes de mantenimiento por parte de Escal UGS (4,5M €) entre el 3 de octubre y el 30 de noviembre de 2014.

“Consideramos que el almacén CASTOR constituye una inversión fallida, en la que prevaleció la construcción de la infraestructura por encima de su viabilidad, y no estamos de acuerdo que los usuarios del gas tengan que asumir el coste cuando ni siquiera se ha llegado a poner en marcha”, reafirma Antoni Abad, presidente de la Cecot,  “la industria supone más del 60% del consumo del gas en todo el estado español y el incremento de costes en los procesos productivos afectará directamente a su competitividad sin obtener a cambio ninguna mejora en el servicio de suministro de gas”. 

Según el estudio “Panorámica Industrial” del INE, el gas constituye el 28% del consumo energético en la industria extractiva y manufacturera española, destacando la industria química donde el consumo de gas llega al 43% del total de consumo energético que utiliza este tipo de industria. Hay sectores en los que el peso de la industria es estratégico para poder continuar la actividad. La resolución de indemnizar Castor en su día fue totalmente incoherente con el discurso del Gobierno sobre la necesidad de reindustrializar el país, de hacer un plan estratégico para consolidar un modelo industrial.  El sector industrial es quien mejor garantiza la estabilidad laboral y la ocupación en los territorios, que es un sector estratégico por lo que contribuye no sólo en ocupación directa, sino también en lo relacionado con toda la industria auxiliar y de servicios que se genera a su alrededor.  El uso y consumo de gas en muchas empresas de diferentes sectores productivos representa continuar la actividad o dejar de hacerlo. El coste de Castor desde el 1 de enero de 2016 está perjudicando la continuidad de estos sectores, teniendo en cuenta que España ya es de los países de la Unión Europea con la energía más cara y no precisamente por el coste de la generación.