La Cecot apuesta por una integración de las políticas pasivas y activas de ocupación gestionada desde los territorios en beneficio de la ciudadanía

• A estas alturas todavía hay aproximadamente 100.000 personas en ERTOs que no ha percibido ningún ingreso desde marzo. Se impone el máximo nivel de colaboración entre administraciones y hacer efectiva la transferencia de determinadas gestiones. 

• Abad: “en Cataluña tenemos una amplia red de oficinas del SOC en el territorio que ya presta una atención próxima y directa a la ciudadanía. Aprovechémosla para evitar el colapso del SEPE. Parece que ante una segunda oleada de la pandemia, volveremos a sufrir las mismas ineficiencias”.

Estamos entrando en lo que los expertos en salud denominan una segunda oleada de contagios que está disparando la propagación de la pandemia. Un indicador que rápidamente obliga a las administraciones a implementar medidas con un fuerte impacto en determinados sectores económicos y un impacto directo sobre toda la actividad empresarial y productiva. Como consecuencia de esta segunda oleada, vuelven a crecer el número de los ERTE, sobre todo de aquellas empresas que no pueden ejercer su actividad por estar obligadas a cerrar, y a estas alturas todo el mundo tiene muy presente la desastrosa situación generada entre abril y julio que sufrieron muchas personas trabajadoras en la tramitación y cobro de las prestaciones.

Antoni Abad, presidente de la Cecot recuerda que “a estas alturas todavía hay aproximadamente unas cien mil personas que todavía no han percibido ningún ingreso y un número mucho más elevado de personas que han percibido cuantías erróneas. Ni tanto solo disponemos de un dato claro del número total de estas personas porque ni el Gobierno la sabe con exactitud”.

Con la experiencia acumulada de la primera oleada de la pandemia en la que “todos nos encontamos inmersos en una situación inesperada, imprevista y nunca vivida, quizás ahora sí se puedan hacer las cosas bien para evitar estresar tanto a la ciudadanía como a las empresas”, propone Abad. La Generalitat de Cataluña puso a disposición del SEPE, en reiteradas ocasiones, las oficinas y recursos del SOC pero el Ministerio desestimó hacer esta colaboración y esto provocó que los miles de personas que no recibían ninguna respuesta o posibilidad de contactar con las oficinas del SEPE se dirigieran a la red de oficinas de la Generalitat para pedir información sobre las prestaciones de ERTE con quienes sí podían contactar pero dónde no se les podía facilitar ningún tipo de información al respeto por no disponer de ella.

A pesar de desconocer las consecuencias que comportaría la pandemia, la Cecot pidió al Ministerio de Trabajo, ya en el mes de marzo, que pusiera todos los recursos necesarios para facilitar la liquidez de las personas afectadas por los ERTE para que pudieran hacer frente a sus necesidades, “pero ya hemos visto el resultado de la gestión”.

La conclusión es que la situación con el SEPE ha dejado en evidencia las ineficiencias de un sistema estanco que no comparte información con otros sistemas, con datos totalmente desactualitzades que han generado gran número de incidencias y operaciones fallidas, con una carencia de recursos importante para dar respuesta a la ciudadanía que se intentaba poner en contacto con el servicio y con una sobrecarga de trámites administrativos y verificaciones totalmente innecesaria.

“Una situación que se da en el SEPE pero que no es el único sistema que adolece de estas ineficiencias y que requiere de una simplificación administrativa y una transición digital con urgencia. Una de nuestras reivindicaciones históricas des de las empresas”, explica el presidente de la organización empresarial. De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el junio del 2019 sugiere, por primera vez de manera pública, incorporar al Sistema Nacional de Ocupación (SNE) la mejora del acceso a los datos, incrementar su calidad y adecuar la arquitectura tecnológica. Y un argumento que avala la visión de la Cecot, y es que propone diseñar una estrategia que involucre a los agentes locales puesto que, la dimensión local, básica en las buenas prácticas internacionales, en España es limitada.

Si como demuestra el tercer Estudio del Spending Review del AIReF se constata un amplio margen de mejora en la gobernanza y la eficacia de las políticas activas de ocupación en España, si se tiene en cuenta que el mismo estudio declara que Aragón y Cataluña están entre las regiones con mejor eficacia en sus políticas laborales activas, si entre las propuestas sugiere el pago por resultados (implantado en países como Alemania) donde el reparto de fondo de las políticas activas van en función de los resultados, “para nosotros tiene toda la lógica integrar políticas activas con políticas pasivas desde la proximidad del territorio y de una manera que toda política pasiva tenga que contener elementos que incentiven a la persona en paro a la reinserción laboral y evitar la relación perjudicial que existe entre la cobertura de la desocupación y la prolongación de la situación de inactividad laboral. Cobertura e incentivo al trabajo: la que consideramos una combinación óptima”.

Tercer Estudio del Spending Review (AIReF)

En total, España gasta entre 6.100 y 6.500 millones de euros en el año en estas políticas activas de ocupación. El 40% del gasto se destina a incentivos de contratación y de los fondos restantes, el 25% va a formación, un 15% a Orientación Laboral y el 20% restante se destina a otras iniciativas, como la creación de ocupación pública y apoyo al emprendimiento. La principal crítica que se hace a esta situación es que no hay una adecuada coordinación con las comunidades autónomas. En este sentido, AIReF declara que Aragón y Cataluña están entre las regiones con mejor eficacia en sus políticas laborales activas.

En el documento, la AIReF propone identificar los programas, servicios e itinerarios más eficaces para hacer una asignación eficiente de los recursos públicos; apuesta para incorporar la evaluación como práctica habitual para poder tomar decisiones basadas en la evidencia; sugiere incorporar incentivos orientados al cumplimiento de objetivos en la asignación de recursos en la Conferencia Sectorial y en las retribuciones de los responsables de orientar y formar a los demandantes de ocupación; plantea diseñar una estrategia que involucre a los agentes territoriales, puesto que la dimensión local en España es limitada y propone incorporar al Sistema Nacional de Ocupación (SNE) la mejora del acceso a los datos, incrementar su calidad y adecuar la arquitectura tecnológica.